Colombia: Siete años de espera para la primera adopción gay

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Ana Léiderman y Verónica Botero llevan siete años luchando para que la segunda pueda adoptar a los hijos biológicos de la primera. Desde el 6 de enero de 2009 la pareja busca que se reconozca lo que ya es una realidad: que ellas y sus hijas son una familia. Pero ha sido imposible.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), un proceso de adopción en Colombia dura, en promedio, 125 días, “que transcurren desde el momento en que los solicitantes radican los documentos hasta la aprobación e ingreso a la lista de espera para la asignación de un niño, niña o adolescente”, dice Eduardo Franco, subdirector de adopciones de la entidad.

Pero para ellas todo ha sido más complicado por ser lesbianas. Un proceso que para una pareja heterosexual es normal y cuestión de paciencia, ha sido un viacrucis de tutelas y enfrentamientos con reconocidos opositores de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, como el procurador, Alejandro Ordóñez.

 De hecho, el proceso de adopción se encuentra suspendido desde marzo de 2015, por solicitud de dos procuradoras delegadas, según las cuales a los menores se les están vulnerando sus derechos a la personalidad jurídica y a la filiación, por no haberse tenido en cuenta los supuestos vínculos afectivos entre ellos y el donante del semen.

Mediante el auto 011 del 16 de marzo de 2015, una defensora de familia suspendió el trámite, acogiendo los argumentos de las representantes del Ministerio Público. Posteriormente, la funcionaria presentó una demanda de filiación extramatrimonial, que fue aceptada por el juzgado el 6 de julio del año pasado y se encuentra actualmente en curso.

La lucha de Botero y Léiderman es ya un símbolo para la comunidad LGBTI. En agosto de 2014 se convirtieron en la primera pareja homosexual a la que la Corte Constitucional le daba su visto bueno para que siguiera con el proceso de adopción.

En esa ocasión el alto tribunal señaló que, en el caso de la adopción por consentimiento, es decir, cuando una persona adopta el hijo biológico de su compañero permanente, “la condición de homosexual de la pareja adoptante no puede ser fundamento para resolver negativamente el respectivo trámite administrativo”.

Asimismo dijo que negar la adopción con base en la orientación sexual del adoptante vulneraba “los derechos fundamentales de los dos miembros de la pareja y del menor cuya adopción se pretende, a tener una familia y a la autonomía y unidad familiar”.

Sus argumentos fueron reiterados en un fallo de inicios del año pasado y en una sentencia en la que el alto tribunal le dijo no a una solicitud de nulidad presentada por el jefe del Ministerio Público.

“Ha sido un proceso que, a pesar de nuestro deseo de preservar la intimidad de nuestra familia, nos llevó a volvernos personas públicas y a mostrar abiertamente nuestro hogar y familia, desafiando nuestro miedo a la homofobia de la sociedad y la persecución por el aparato conservador de sus instituciones. Sin querer, nuestra familia, que ya era conocida en nuestro círculo social, se puede decir que ‘salió del clóset’ ante el país”, dijo Léiderman en noviembre de 2014, durante el XI Conversatorio de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial.

Luego, el 4 de noviembre de 2015, la Corte Constitucional le dio su visto bueno a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En rueda de prensa, la presidenta encargada de la Corte, la magistrada María Victoria Calle, sostuvo con vehemencia que “impedir que un niño tenga una familia fundándose para ello únicamente en la orientación sexual o el sexo de una persona o de una pareja representa una restricción inaceptable de los derechos del niño”.

Entonces, al haber llegado al culmen de una lucha histórica, Léiderman y Botero fueron reconocidas como protagonistas de esta gesta. Pero, tras siete años de haber iniciado la lucha y casi año y medio de que la Corte fallara a su favor, el proceso sigue sin resolverse.

El subdirector de adopciones del ICBF, Eduardo Franco, le dijo a este diario que ellos han acatado lo ordenado por la Corte Constitucional en 2014. Pero que, tras la intervención de la Procuraduría y el traslado del expediente a un juez de familia, el ICBF no ha recibido “notificación alguna sobre su decisión para proceder conforme a la misma”.

En referencia a las adopciones por parte de parejas del mismo sexo, Franco sostuvo que, “como lo ha reiterado la directora del ICBF, Cristina Plazas, en varias ocasiones, los procesos de adopción continúan realizándose con la misma rigurosidad y en concordancia con la regulación vigente en el país”.

Léiderman y Botero siguen a la espera de que se le ponga fin a esta lucha de tantos años. No es un capricho: para ellas es la posibilidad de darle un mejor futuro a sus hijos y, en general, sería una prueba fehaciente de que la igualdad en Colombia no se reduce a frases grandilocuentes en fallos que no se cumplen.

Vía El Espectador

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