Venezuela: Aplazados en diversidad sexual

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En el país no sólo se vulneran los derechos humanos generales más básicos, tal como puede dar cuenta la gravedad de una crisis humanitaria, que pone en riesgo el derecho a la vida,

a la alimentación y a la salud. Además, son conculcados los  denominados derechos de la diferencia de distintos grupos sociales.

Después del Dialogo interactivo del Examen Periódico Universal y de la lectura del informe oficial del gobierno venezolano sobre derechos humanos, desarrollados en la ciudad de Ginebra el 1º de noviembre de 2016, tres países hicieron recomendaciones al estado venezolano acerca de la necesidad del reconocimiento de derechos a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), a saber: España, Israel y Suráfrica.

España, como parís pionero y punta en el área, instó a;  “que el gobierno garantice el respeto y la protección a las personas LGBTI a través de medidas como la despenalización de las relaciones homosexuales en las FFAA y de seguridad; el reconocimiento de las parejas del mismo sexo y el derecho a la identidad de las personas Transgénero.” Por su parte, Israel aconsejó; “Adoptar medidas para asegurar que las personas puedan cambiar su género legalmente reconocido sin cirugía de reasignación genital.”

Estas recomendaciones se suman a las ya explicitadas desde el 1º Ciclo del Examen Periódico Universal en el año 2011 y, seguidamente, por la Comisión Interamericana de DDHH, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Humanos en el año 2015. Desde entontes, muy poco se ha hecho al respecto.

Según el resumen elaborado por Fundación Reflejos de Venezuela, con base en contribuciones de la propia ONG y de Unión Afirmativa de Venezuela, Venezuela Diversa y Red LGBTI, las recomendaciones del EPU/2016 son las siguientes:

  1. “Promulgar una ley amplia y completa contra la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, que contemple mecanismos eficaces para impedir prácticas discriminatorias en servicios de salud, centros educativos, puestos de trabajo y espacios públicos.
  2. Adoptar medidas de seguimiento a los actos de discriminación y garantizar protección eficaz a las personas LGBTI para poner fin a la impunidad de tales violaciones.
  3. Modificar el artículo 44 del Código Civil y permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y adaptar el Código Orgánico de Registro Civil para reconocer legalmente matrimonios del mismo sexo de venezolanos y venezolanas casadas en el extranjero
  4. Adaptar la Ley de Registro Civil para permitir cambio de nombre y sexo en documentos legales a las personas trans e intersex.
  5. Reformar el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar que penaliza la homosexualidad en las Fuerzas Armadas.
  6. Incluir los crímenes de odio basados en orientación sexual, identidad y expresión de género, como agravante en el Código Penal.
  7. Poner en funcionamiento la Defensoría Especial con Competencia Nacional en derechos humanos de las personas LGBTI.
  8. Prohibir las expresiones de odio, estigmatización o violencia contra las personas LGBTI, con sanciones apropiadas.
  9. Implementar políticas y programas con enfoques seculares, científicas y de género, para promover la igualdad y no discriminación de las personas LGBTI.
  10. Publicar estadísticas demográficas, sociales, educativas, sanitarias o de participación política sobre la situación de las personas LGBTI.
  11. Regularizar la situación legal de las familias homo-parentales y la de sus hijos, por medio de la adopción”.

El diagnóstico de la red LGBTI de Venezuela, incluye una evaluación de los derechos humanos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género en el país,  que reproducimos de manera sucinta a continuación.

En la vida cotidiana venezolana, las personas LGBTI están sometidas a prácticas de discriminación y tratos desiguales, que vulneran sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y comunicacionales. Ante ello, no existe una política pública, ni un marco legal coherente e integral, ni planes, programas o servicios públicos destinados a satisfacer sus necesidades. No existe un marco institucional y administrativo para garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas LGBTI, en un contexto sociocultural y político en el cual persiste la lesbofobia, homofobia, bifobia y transfobia.

 En el campo laboral, se le suelen cerrar las oportunidades a las personas LGBTI; y, de esta manera, son segregados. En los servicios de salud, además de encontrarse con serios obstáculos para la obtención del mismo servicio y de los respectivos tratamientos, se enfrentan a agresiones, producto de la estigmatización y estereotipación cultural. En los centros educativos públicos y privados, estas personas pueden ser víctimas de acoso, castigos físicos y tratos degradantes.

Ante la intolerancia y la desprotección estatal, las parejas del mismo sexo y las familias homo-parentales se sumen en la invisibilidad y la clandestinidad. Las personas trans e intersex no pueden cambiar su nombre y sexo en los documentos de identidad legal, es decir, se desconoce el derecho al reconocimiento de la identidad de género, a pesar de importantes iniciativas de las organizaciones y de algunas disposiciones legales que permitirían lograr avances. De manera reciente, la Fiscalía General de la República logró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) permitiera a las personas trans tomarse una fotografía que no altere su imagen física en la cédula de identidad.

Las personas LGBTi adolecen de indefensión legal ante la alta exposición a la violencia psicológica y física de nuestro entorno. En ocasiones, son objeto de detenciones arbitrarias, torturas, tratos o penas crueles o degradantes. Existe impunidad y no existen políticas para investigar y procesar judicialmente a los victimarios de los asesinatos y de los crímenes de odio, relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.

Como puede usted observar, luego de leer esta sinopsis, después de diez y siete años en el poder, el régimen bolivariano nos coloca a la zaga del mundo occidental en este campo. En el terreno de la orientación afectiva y sexual, y de la identidad de género, el oficialismo ha vendido una visibilidad sin derechos civiles.  La visibilidad que nos han ofrecido está vinculada a la propaganda del partido que ha secuestrado al estado (PSUV), al mejor estilo totalitario. Es la visibilidad de marchas carnavalescas del orgullo LGBTI que concluyen sin ninguna conquista jurídica que celebrar, pero que siempre están encabezadas por los símbolos del partido de gobierno. Es la presencia en algunas manifestaciones culturales, bajo el marco ideológico vigente, la censura y la autocensura. Es la vergonzosa visibilidad de la hermosa bandera irisada, ondeando al lado de la turba oficialista, en el asalto a la Asamblea Nacional, el día 23 de octubre de 2016.

En el próximo turno, el testigo lo debe tomar el poder legislativo, independientemente de la composición política de sus miembros.  Este año la Asamblea Nacional ha formulado y reformulado importantes leyes para el país, pero en mi opinión de ciudadano, pienso que más temprano que tarde,  le corresponde a la red LGBTI de Venezuela ejercer presiones para que se legisle en la materia. Lo urgente no puede eludir lo importante y si es el caso, al parecer, nos esperan muchos años de emergencias de todo tipo. Después de despejado el horizonte político actual, en el nivel macro; no se debería perder la oportunidad de contar con la participación de la destacada diputada y activista Tamara Adrián. .

En realidad, en cualquier examen o evaluación de los DDHH en general o derechos relacionados con la diversidad sexual, el gobierno resulta aplazado o suspenso, de manera indubitable. Inclusive, la gravedad del problema puede tornar vano y anodino el símil empleado para titular esta nota. Por cierto, urge la liberación de nuestro diputado Rosmit Mantilla, entre otros presos políticos, a quien se le ha negado un tratamiento médico y humano adecuado. Los derechos civiles son universales.

Vía Fundación Reflejos

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