Pide ONU a Honduras proteger a defensores de derechos humanos

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La relatora especial de la ONU sobre la situación de defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, urgió al gobierno de Honduras a establecer con carácter de urgencia un programa especial para la protección de defensores de derechos humanos.

La relatora especial, quien visitó el país centroamericano en misión oficial del 7 al 14 de febrero de 2012, subrayó en un informe que presentará al Consejo de Derechos Humanos que sesiona aquí que “se debería atender con carácter prioritario la cuestión de la impunidad y ofrecer a los defensores de los derechos humanos una protección efectiva”.

“Se deberían revisar las leyes que restringen su labor y sancionar a quienes la estigmaticen”, añadió.

“Como medida esencial para superar la desconfianza de los defensores de los derechos humanos en las autoridades, se debe establecer oficialmente y poner en práctica con carácter de urgencia un programa para protegerlos que estuviera dotado de recursos suficientes”, sugirió el documento al que tuvo acceso Notimex.

“Bajo la dirección de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, una entidad interinstitucional debería asumir la responsabilidad de poner en práctica ese programa en consulta con los beneficiarios. Se tendría que proceder a un examen periódico y transparente del programa de protección”, estimó la experta.

“El proceso para acogerse a las medidas de protección previstas en un programa de esa índole debe ser sencillo y debe concederse protección inmediata mientras se evalúa el riesgo que corre el solicitante”, indicó.

“Las medidas de protección de un defensor de los derechos humanos deben ser planificadas y convenidas directamente con él. Además, se tendría que dar amplia publicidad a la línea directa gratuita y permanente que existe para denunciar violaciones de los derechos humanos”.

Según la relatora hay ciertas categorías de defensores de los derechos humanos expuestos a un peligro especial, “como los periodistas, los que se ocupan de cuestiones económicas, sociales y culturales, entre ellos los que se ocupan de cuestiones de los indígenas, los afrohondureños, ambientales y de derechos sobre la tierra”.

Además “los defensores que se ocupan de los derechos de la mujer, el niño y la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual; los abogados, fiscales y jueces y el personal del Comisionado Nacional de Derechos Humanos”, añadió.

“Las actividades de los defensores de los derechos humanos están muy expuestas, por lo que ellos y sus familias siguen corriendo el peligro de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, detención y privación de la libertad arbitrarias, amenazas de muerte, agresiones, vigilancia, hostigamiento, estigmatización, desplazamiento, y exilio forzado”, destacó el informe.

Muchas veces sus derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación son objeto de restricciones ilegales así como saqueos de oficinas y robos de archivos, agregó el informe.

En opinión de la Relatora Especial, “el golpe de Estado que tuvo lugar en 2009 agravó las deficiencias institucionales, dejó en situación más vulnerable a los defensores de los derechos humanos y causó una gran polarización de la sociedad”.

Además, “la impunidad generalizada y la falta de investigaciones efectivas de las violaciones de los derechos humanos redundan en desmedro de la administración de la justicia y de la confianza de la población en las autoridades. El alto grado de impunidad afecta a la estabilidad de la sociedad’.

El informe reconoce que los defensores de los derechos humanos, especialmente los periodistas, hacen frente a todo tipo de problemas y peligros en su labor diaria y enfatiza que “el Estado tiene la obligación de protegerlos”.

Para ello, el Estado debería evaluar su actual marco normativo para promover los mecanismos de protección y rendición de cuentas, estrechar la cooperación institucional y asegurarse de que la ley se aplique efectivamente, valoró Sekaggya .

La Relatora Especial destacó la responsabilidad del Estado “de asegurarse de que se ofrezcan prontamente a los defensores de los derechos humanos medidas de protección eficaces”.

Destacó que “la plena rendición de cuentas por las infracciones contra los defensores de los derechos humanos constituye una prioridad absoluta y los autores de ellas deben ser sometidos a la acción de la justicia”.

Asimismo, recomendó al gobierno hondureño que debería promover que se tomara conocimiento de la función y la importancia de la labor de los defensores de los derechos humanos y formular una clara política del Estado que reconozca su indispensable labor.

Asimismo alentó al presidente Porfirio Lobo a “promover y dirigir un constructivo diálogo entre las autoridades y la sociedad civil a fin de crear un entorno propicio para los defensores de los derechos humanos y crear confianza en la población”.

Vía GayGuatemala

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