Muchos gays en EEUU confían en Obama para regularizar su estado migratorio

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Edwin Echegoyen y Rodrigo Martínez se casaron en Washington, pero para el gobierno federal de Estados Unidos podrían ser simplemente compañeros de cuarto. Rodrigo, un inmigrante ilegal de El Salvador, confía en que la reforma migratoria de Barack Obama le permita finalmente regularizar su situación.

Los problemas se remontan a 2003, cuando Rodrigo conoció en un gimnasio a Edwin, un estadounidense de origen salvadoreño. Los dos hombres terminaron mudándose juntos a un apartamento en una media hora de Washington. Y se casaron el 1 de marzo de 2011 en la capital estadounidense, que permite el matrimonio entre dos personas del mismo sexo.

Pero la ley federal no reconoce los matrimonios de ese tipo, a pesar de que, como Washington, otros nueve estados han legalizado esta unión. Por eso, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos no puede conceder al marido de Edwin un permiso de residencia (“green card o tarjeta verde”).

“Hemos estado juntos durante diez años, ocho de los cuales pasamos luchando en los tribunales. Y gastamos casi 38.000 dólares en honorarios legales”, cuenta Edwin en la sala de su casa. “Es caro”.

Si Edwin se hubiera casado con una mujer, su cónyuge habría obtenido el permiso de residencia en un año y la ciudadanía estadounidense en cinco. Pero esta pareja gay ha tenido que desafiar múltiples órdenes de deportación, que un juez finalmente suspendió en septiembre. Excepcionalmente, Rodrigo consiguió un permiso de trabajo temporal, en espera de que se considere su segunda solicitud de “tarjeta verde”.

Desde que Obama anunciara el “Matrimonio para Todos” en mayo de 2012, las parejas homosexuales casadas esperan obtener los mismos derechos migratorios que las heterosexuales.

La Corte Suprema de Justicia, el Plan B

El fondo de la cuestión escapa sin embargo al control del presidente. En el Congreso, los demócratas y los republicanos negocian una ambiciosa reforma migratoria para la probable regularización de 11,5 millones de indocumentados.

Un frágil consenso se ha formado en torno a un principio básico: otorgarle papeles a quienes llegaron de niños al país y nunca han violado la ley.

Los demócratas quieren ir más allá y crear la categoría migratoria de “pareja permanente” para eludir la ley de “Defensa del matrimonio” (conocida como “Doma”). Esta norma, aprobada en 1996, prohíbe el reconocimiento por parte del gobierno federal del matrimonio entre personas del mismo sexo.

“La ‘Doma’ obliga a muchos estadounidenses a elegir entre el país que aman o la persona que aman. Esta política destructiva destroza a las familias”, dijo el demócrata Patrick Leahy, que impulsa la iniciativa en el Senado.

Pero los republicanos, que controlan la minoría en el Senado y la mayoría en la Cámara, creen que el tema es secundario.

“¿Qué es más importante? ¿Los derechos de los LGBT (Lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero) o proteger la frontera?”, dijo recientemente el destacado senador republicano John McCain. “Cargar la barca con cuestiones sociales es la mejor manera de que todo fracase”.

Otro republicano, Lindsey Graham, se preguntó: “¿Y por qué no agregar la legalización del aborto entonces?”

La otra esperanza de las parejas homosexuales con problemas migratorios es la Corte Suprema de Justicia, que decidirá en junio sobre la constitucionalidad de la ley “Doma”, y posiblemente podría obligar al gobierno federal a reconocer el matrimonio gay.

En Washington, otra pareja sigue muy de cerca las discusiones: la del filipino Erwin de León y el estadounidense John Beddingfield, pastor de una iglesia episcopal. Ambos se casaron en 2010, pero Erwin, de 46 años, sigue renovando su visa siempre buscando que un empleador lo “patrocine”, única forma legal de obtener un permiso de residencia.

Su marido, que oficia desde 2007 en su iglesia, señala la paradoja que vive: él puede casar a las parejas, pero su propio matrimonio no tiene ningún valor en su país.

 

Vía El Periodiquito

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